Como parece ser que es tiempo de conmemoraciones, que a mi juicio más parecen rememoraciones o desmemorias, traemos hoy al recuerdo un hecho de enorme trascendencia en la historia de España del que pasado mañana se cumplirán ciento cincuenta años: la triunfal entrada de Alfonso XII en la capital del reino o, lo que es lo mismo, el acto simbólico en virtud del cual el pueblo español acogía con los brazos abiertos la restauración de la monarquía en la persona del joven rey tras seis años de enfrentamiento y zozobra en el seno de nuestra patria.
El ahora llamado por gran parte de los historiadores “sexenio democrático”, que los de mi generación estudiamos con el -a mi entender más apropiado- término de “sexenio revolucionario”, constituyó una sucesión de errores políticos que terminaron sumiendo a España en el caos. Una nueva guerra civil, una profunda depresión económica y una rebelión cantonal que, a pesar de saldarse con el fracaso, dejó una herida en la unidad de España precursora de posteriores intentos secesionistas.
En la peligrosa combinación de personalismos y banderías políticas fraguados durante el reinado de Isabel II, unida a la fractura ideológica, moral y territorial originada por el conflicto dinástico y confirmada por los tristes y largos años de guerra civil, es donde ha de buscarse la razón del destronamiento de la monarca, sentenciado por la revolución “gloriosa” de 1868.
A partir de esa fecha, el país ve como se suceden los gobiernos sin que en ningún momento España cuente con una orientación clara, un objetivo común, ni unos líderes políticos que sepan dónde conducirla. La razón es simple. Las fuerzas que participaron en la revolución lo hicieron unidas en torno a un programa único: el derrocamiento de Isabel II.
Conseguido este objetivo, dicha unión saltaría por los aires poniendo en evidencia las profundas diferencias entre ellos. Ni la autoridad de Serrano, presidente del poder ejecutivo durante el gobierno provisional y luego regente, ni el prestigio de Prim, presidente del consejo durante esa regencia, fueron suficientes para que la Constitución de 1869, que incorporó la desastrosa ocurrencia de establecer una monarquía electiva en España, pudiera conciliar la presencia de la Corona al frente del Estado con el principio democrático, fundamento de la idea de monarquía liberal. La elección del duque de Aosta y su proclamación como rey -a quien el pueblo español nunca quiso reconocer como su señor natural- no deja de ser, en perspectiva histórica, el resultado de un engendro constitucional que ni la verdad histórica tolera ni el derecho político es capaz de justificar. Su reinado, además de efímero, estuvo lleno de tristezas y sinsabores, que aparecen mencionados repetidamente en su correspondencia, hasta el punto de que parece ser que Amadeo tomó su forzosa abdicación con más alivio que pesar.
Pesares, y de hondo alcance, los que hubo de padecer España tras la proclamación de la primera república, un hecho verificado al margen de la legalidad constitucional y, como pudo verse enseguida, de una dudosa legitimidad política. Ya tenían su república aquellos que la defendían desde antiguo, así como quienes ahora la acogían con el entusiasmo del converso. Unitarios y federales, partidarios de una república de arriba a abajo o una república de abajo a arriba, lo cierto y verdad es que unos ni otros supieron que hacer con ella. Y mientras tanto, España se terminaba de desangrar por las numerosas heridas que tenía abiertas: la guerra carlista, el conflicto en Cuba y la revuelta cantonal. Además, el nivel de vida de los españoles no había hecho más que empeorar desde mediados de siglo. El atraso, el hambre y el analfabetismo eran endémicos en muchas zonas de nuestro país. La agricultura se estancaba falta de brazos y de medios financieros para explotar la tierra. La industria y el comercio, pujantes en otras partes del continente europeo, no terminaban de despegar.
Ese era el panorama que Alfonso XII, rey en el exilio desde la abdicación de su madre en 1870, se encontraría aquel 14 de enero de 1875 cuando el pueblo español le recibió entre vítores y aplausos a su paso por las calles de Madrid. Esa era la España que el artífice de la restauración de la legalidad política y la legitimidad histórica en la figura del rey, Don Antonio Cánovas del Castillo, tenía frente a sí y a la que, con la colaboración de casi todos, conservadores, liberales y progresistas, e incluso con la de algunos carlistas y republicanos, se proponía levantar de su actual postración con un sistema político fundamentado en una monarquía democrática y liberal asentada sobre el principio del turnismo político, que proporcionara a España la estabilidad necesaria para abordar las grandes reformas económicas que tanta falta le hacían.
Atrás quedaban años de encarnizadas luchas políticas, de odios africanos entre los líderes de los partidos y dentro de ellos mismos, de ideas sobre la propiedad, sobre el papel de la Iglesia y del clero en la sociedad, sobre la estructura y misión de los cuerpos del ejército, entre otras, que por ser concebidas y aplicadas desde un radicalismo maximalista no llegaron nunca a producir los resultados deseados. Una nueva época se abría ese 14 de enero de 1875, una época que, con todos sus innegables defectos y limitaciones -elecciones “cocinadas” desde el gobierno, situación de declive internacional que conducirá a la pérdida de las últimas colonias, mantenimiento de fuertes tasas de analfabetismo y de pobreza- vería cómo la economía española se revitalizaba, el nivel de vida de los españoles comenzaba a aproximarse al de otros países europeos y España iniciaba un largo período de ausencia de conflictos civiles armados.
Hoy hemos querido recordar este acontecimiento cardinal de la historia de España, como también será preciso conmemorar dentro de unos meses la proclamación de Juan Carlos I, bisnieto de Alfonso XII, el 22 de noviembre de 1975 como rey de España. Seguro que el rey Don Juan Carlos, desde su exilio voluntario en lejanas tierras, se suma a este obligado recuerdo de una efemérides que marcaría, con el paso del tiempo, su propio destino.